El 9 de octubre, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) publicó su “Informe de progreso anual sobre el cumplimiento de los objetivos de pagos transfronterizos - Informe de 2023 sobre indicadores clave de rendimiento” (o “Informe KPI”). Las conclusiones del Informe KPI demuestran que los sectores público y privado tienen trabajo por hacer para alcanzar los objetivos delineados en la Hoja de Ruta de Pagos Transfronterizos del G20 (“Hoja de Ruta”) para la fecha de implementación de 2027. Siguen existiendo barreras de índole jurídica, regulatoria y de supervisión, así como desafíos a la interoperabilidad técnica de los sistemas de pago. 

En este artículo, compartimos nuestras perspectivas sobre posibles formas de contribuir a los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Hoja de Ruta: 1) reconocer las barreras de interoperabilidad que el sector público debe abordar; 2) comprender los verdaderos puntos críticos de los flujos transfronterizos específicos; y 3) cambiar la narrativa sobre los costos, donde los costos se consideran en relación con la resiliencia y la seguridad del sistema de pagos.

El papel del sector público

En esta etapa de implementación de la Hoja de Ruta, se reconoce que muchas de las fricciones actuales en los pagos transfronterizos no pueden resolverse únicamente con tecnología o inversiones del sector privado: hay muchas barreras que el sector público debe abordar. Esas barreras incluyen, entre otras: diferencias en los marcos regulatorios nacionales, horarios de funcionamiento de los bancos centrales, acceso a los sistemas de pago de los bancos centrales y requisitos de localización de datos nacionales.

Si utilizamos los datos como ejemplo, los gobiernos de todo el mundo siguen introduciendo nuevos requisitos de localización de datos que exigen que los datos se almacenen en el suelo y prohíben (o restringen severamente) la transferencia de datos fuera de un país o región en particular. Cabe destacar que un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos concluyó que en 2021, 92 medidas en 39 países exigían que los datos se almacenaran o procesaran a nivel nacional. Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos suelen estar detrás del aumento de los requisitos de localización de datos. Los gobiernos y los encargados de formular políticas sienten, con razón, la responsabilidad de proteger la privacidad de sus ciudadanos y garantizar altos niveles de seguridad en torno a los datos sensibles de los usuarios. 

Sin embargo, las barreras de datos a menudo ralentizan la velocidad de los pagos y aumentan su coste: un ejemplo de cómo los objetivos de la Hoja de Ruta pueden entrar en conflicto con otros objetivos políticos importantes. Se necesita voluntad política para abordar estos objetivos de políticas contrapuestos, no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial. Las partes interesadas de las fuerzas de seguridad, los reguladores de datos y las agencias de inteligencia (instituciones sin membresía directa en el FSB) deben ser parte de esta discusión.

Puntos de dolor y objetivos

Respecto a los puntos críticos y los objetivos, la hoja de ruta estableció metas en las áreas de costo, velocidad, acceso y transparencia para pagos mayoristas, minoristas y remesas. Es posible que esta aplicación de objetivos no siempre refleje plenamente la amplia variedad de casos de uso y consideraciones del mercado local para los flujos transfronterizos (dichos pagos no siempre encajan perfectamente en las categorías delineadas por el proceso del G20). 

Por ejemplo, muchas empresas no financieras pueden no necesitar sus fondos dentro de una hora desde el momento en que se inicia el pago (como lo dicta el objetivo actual de velocidad). Estas empresas pueden tener calendarios de pago establecidos y predecibles que se adapten a los ciclos financieros de su organización. Esto contrasta con algunos flujos de remesas, donde la llegada oportuna de los fondos dentro del plazo de una hora puede ser fundamental para el receptor. Estos son solo dos ejemplos, pero demuestran cómo los diferentes puntos críticos se asocian con distintos casos de uso de pagos transfronterizos.

La ampliación y alineación del horario de funcionamiento del sistema de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) también destaca la necesidad de considerar los puntos críticos según el caso de uso de pagos transfronterizos. Si bien muchos usuarios minoristas desean realizar pagos y acceder a sus fondos al instante, es posible que no sea necesaria la misma disponibilidad para los flujos mayoristas. Una ampliación del horario operativo del RTGS crearía ventanas de liquidación superpuestas más grandes, lo que podría reducir los tiempos de transacción y ciertos riesgos. Sin embargo, estas instituciones pueden perder ventanas críticas de fin de semana para realizar actualizaciones y mantenimiento obligatorios del sistema si el horario de funcionamiento de RTGS pasa a ser 24 horas al día, 7 días a la semana (o se extiende el horario). Además, el cambio resultante en las prácticas del mercado mayorista probablemente requeriría una inversión significativa por parte de los bancos, las infraestructuras del mercado financiero y otros participantes del sistema de pago para el desarrollo de tecnología y las operaciones nocturnas. 

Costo versus resiliencia y seguridad

Los altos costos son sin duda un desafío clave para ciertos flujos transfronterizos. Como lo demuestra el Informe KPI, el costo promedio global de enviar pagos minoristas excede el objetivo del 1% en todos los casos de uso; oscilando entre el 1,5% para los casos de uso B2B y el 2,5% para los casos de uso P2P. En el caso de las remesas, el costo promedio mundial y el costo promedio del Objetivo de Remitentes Inteligentes (SmaRT) del Banco Mundial para enviar una remesa de USD 200 es del 6,3% y del 3,5%, respectivamente (ambos por encima del objetivo del 3% de la Hoja de Ruta).

Sin embargo, los objetivos de pagos transfronterizos más rápidos y más baratos no deberían crear incentivos para subinvertir en la resiliencia y la seguridad del sistema. Para ejecutar un sistema resistente y seguro con un tiempo de actividad superior al 99 % se requiere una inversión significativa en tecnología, personal capacitado, instalaciones adecuadas y almacenamiento de datos y en la nube. También se espera mantener programas sólidos de KYC y de escaneo de sanciones. Para hacer todo esto bien, la velocidad de una transacción puede disminuir y el costo puede aumentar: otro ejemplo de objetivos políticos en pugna. 

Conclusión

El alcance, la escala y los logros del proceso de la Hoja de Ruta hasta la fecha son dignos de elogio. Para cerrar las brechas entre los objetivos de la Hoja de Ruta y el estado actual, el sector público debería actuar para eliminar las barreras a la interoperabilidad bajo su control. La eliminación de estas barreras requerirá voluntad política de los gobiernos nacionales. La consideración de los puntos críticos de los flujos transfronterizos específicos y una visión más holística de los costos podrían ayudar a lograr resultados tangibles que mejoren la eficiencia de los pagos transfronterizos. 

Mastercard espera apoyar al sector público mientras continúa su trabajo a través de la Hoja de ruta para mejorar la eficiencia de los flujos transfronterizos.